Lakua discrimina a las víctimas del Estado en ayudas y homenajes

Nueva legislación sobre víctimas

Las indemnizaciones que contempla el decreto son mucho menores a las de la Ley de Víctimas del Terrorismo y el Gobierno autonómico dice que no prevé la realización de un acto público de reconocimiento

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Iñaki IRIONDO | GASTEIZ

El Gobierno de Lakua aprobará el martes su primer decreto de reparación a las víctimas de la violencia del Estado entre 1960 y 1978. No obstante, no prevé realizar ningún acto de reconocimiento público como los que, desde abril de 2007, viene efectuando a las «víctimas del terrorismo». Desde el propio Ejecutivo se había alentado en algún momento la hipótesis de la celebración de un homenaje. Preguntada al respecto, la consejera de Justicia, Idoia Mendia, respondió en rueda de prensa que «no es un tema que esté cerrado» y añadió que «independientemente del acto de reconocimiento o no, la aprobación del decreto es un acto de reconocimiento y le estamos dando algo material». Pero, según ha sabido GARA, en el seno de la ponencia parlamentaria encargada del tema, Mendia afirmó que el Ejecutivo «no ve» la celebración de un reconocimiento político formal y público.
No es esta la única diferenciación que el Gabinete de Patxi López prevé entre las víctimas de la violencia estatal y las del «terrorismo», y que ha llevado a algunos colectivos a hablar de la existencia de víctimas de primera y segunda categoría. También las indemnizaciones previstas son menores en caso de haber muerto de forma ilegítima a manos de las Fuerzas de Seguridad del Estado o grupos «incontrolados» entre 1960 y 1977 -época dictatorial y preconstitucional- que si la muerte fue debida a la acción de ETA.

La compensación por fallecimiento como «víctima del terrorismo» es de 250.000 euros. Si la muerte se produjo, por ejemplo, en un control policial, es de 135.000 euros. La gran invalidez se compensa con 500.000 euros en la ley de reparación a las víctimas del terrorismo, y se hará con 390.000 a las que sean fruto de la violencia estatal. En casos de incapacidad permanente y total, la diferencia entra una y otra es casi de doble a mitad.

Desde el Ejecutivo autonómico se alegó que las cantidades que refleja la actual Ley estatal de Víctimas del Terrorismo, de 2011, no se están pagando porque no están aprobados los reglamentos que las desarrollen, pero lo cierto es que las previstas en el decreto de Lakua ya estaban por debajo de las contempladas en la ley de 1999.

Idoia Mendia: «Un hito»

La consejera Idoia Mendia, acompañada de la directora de Derechos Humanos, Inés Ibáñez de Maeztu, y la asesora coordinadora de los trabajos de redacción del proyecto, Manuela Carmena, acudieron ayer a la «Ponencia de víctimas de violaciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política», para exponer las líneas generalas del decreto que el Gobierno aprobará el martes, aunque no entregaron a los parlamentarios copia del documento.

Mendia destacó que la aprobación del decreto constituye «un hito» en el reconocimiento de víctimas que «durante cincuenta años han estado olvidadas». A su entender, un segundo hito será la creación, en el plazo de un mes, de la comisión evaluadora que se encargará de acreditar la condición de víctima a quien lo solicite. Y, según añadió, un tercer hito se alcanzará cuando se reconozca a las víctimas de la violencia estatal su condición de tales.

En los listados gubernamentales figuran los nombres de 62 personas fallecidas que podrían cumplir las condiciones para el reconocimiento, aunque la consejera explicó que sólo han podido contactar con familiares de 25 o 26 de ellas.

Entre los cambios introducidor entre el primer borrador hecho público y el texto que ahora se aprobará, figura que el periodo contemplado comienza en 1960, como ocurre con las «víctimas del terrorismo». También se recoge la posibilidad de que puedan acogerse al reconocimiento y las ayudas los familiares de personas que sufrieron invalidez a causa de la violencia estatal en aquel periodo y hayan fallecido con posterioridad antes de la aprobación del decreto.

No gusta en Madrid

Según explicó Idoia Mendia, el texto del decreto ha sido contrastado con el Gobierno español. En respuesta al primer borrador, el Ejecutivo de Mariano Rajoy respondió anunciando la existencia de puntos inconstitucionales y de problemas competenciales.

Algunos de estos aspectos, así como otras carencias que tenía el primer borrador desde el punto de vista de técnica legislativa, han sido corregidos. Y aunque la consejera de Justicia respondió con un «sí» matizado a la pregunta de «¿se puede decir que tiene el OK del Gobierno español?», lo transmitido a los integrantes de la ponencia es que el decreto no gusta a Madrid, que lo sigue viendo inconstitucional y con problemas competenciales, aunque por el tono empleado en la respuesta ministerial se entiende que no pedirá su nulidad ni actuará en su contra.

Gorka Ruiz, representante civil

La condición de víctima de la violencia estatal será reconocida oficialmente por una Comisión de Valoración que ha de crearse antes de un mes desde la entrada en vigor del decreto.

La comisión estará presidida por la directora de Derechos Humanos. El Departamento de Justicia designará a dos personas, que serán la redactora del proyecto, Manuela Carmena, y un historiador del Instituto Valentín de Foronda. La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo tendrá también otro miembro, «por su experiencia en el ámbito de la reparación a víctimas» según la explicación oficial. El Parlamento debe nombrar a otros dos expertos.

Además, el decreto incluye como miembro a «una persona nombrada en representación de la sociedad civil» seleccionada también por el Departamento de Justicia. Esta persona, según se comunicó ayer a la ponencia, es Gorka Ruiz, presidente del Foro de Asociaciones de Educación para la Paz y los Derechos Humanos de Euskadi, coordinador de Bakeola y miembro de la fundación EDE, entidad colaboradora del Ejecutivo en diversos programas.

Es decir, de los siete componentes de la Comisión, cinco los ha elegido el Gobierno de Lakua, e incluso hizo alguna recomendación sobre el perfil de uno de los miembros que debe designar el Parlamento.

Segundo decreto

A este decreto sobre víctimas de 1960 a 1978 debería seguirle otro que abarcara las vulneraciones de derechos cometidas por el Estado en el periodo constitucional. Idoia Mendia reconoció que si la redacción del primero ha sido difícil, este lo será más, por las connotaciones que tiene abordar ya periodos con «gobiernos democráticos».

Mendia apuntó que si el primer decreto se ha podido aprobar en seis meses, confiaba en que con la experiencia adquirida el segundo se pudiera elaborar en menos tiempo.

Sin embargo, las dificultades reconocidas por la propia consejera y la cercanía de una convocatoria electoral hacen pensar que será difícil que ese segundo decreto vea la luz en la presente legislatura.

Reacciones

En una primera valoración, el parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, señaló que el decreto «es un avance» porque se partía de cero. Pero, al mismo tiempo, aseguró que se ha perdido una oportunidad para acabar con la discriminación de las víctimas de la violencia estatal.

También criticó que no recoja «un reconocimiento expreso de la responsabilidad del Estado en la violación de derechos humanos en Euskal Herria, tanto antes como después de 1978».

Por contra, Aintzane Ezenarro, se mostró «satisfecha» con la próxima aprobación del decreto. En términos muy similares a los utilizados por Idoia Mendia, señaló a través de un comunicado que «con este paso se empieza a andar sobre hechos concretos y palpables de cara al reconocimiento de las víctimas más olvidadas de esta sociedad, las víctimas policiales».

«Algunas llevamos luchando por el reconocimiento de las víctimas policiales en el Parlamento desde el 2007 y, por tanto, es una gran satisfacción que por lo menos el primer decreto vea la luz», recalcó.

Interior debate hoy sobre las opciones de alterar el censo

El cónclave de expertos propuestos por el Ministerio del Interior y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales debatirá hoy en Madrid sobre la ponencia que pretende alterar el censo de cara a las próximas elecciones de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) permitiendo el voto de los denominados «exiliados» por la violencia de ETA. El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, abrirá la sesión a las 11.30 en la sede del CEPC, una entidad de investigación dependiente del ministerio de la Presidencia.

En total son veinte los expertos en Derecho que analizarán esta propuesta. Entre ellos se encuentran Enrique Álvarez Conde, catedrático de Derecho Constitucional y director del Instituto de Derecho Público-Universidad Rey Juan Carlos; Enrique Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes Generales españolas y profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos; Enrique Cáncer Lalanne, magistrado retirado del Tribunal Supremo español y expresidente de la Junta Electoral Central; Francesc de Carreras Serra, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona; Javier Corcuera Atienza, catedrático de Derecho Constitucional de la UPV y fundador del Foro de Ermua; Manuel Delgado Iribarren, letrado de las Cortes Generales; Rosa Fernández Riveira, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense; Luis Gálvez Muñoz, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia; o Juan Carlos Gavara de Cara, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona. La ponencia la habría redactado Fabio Pascua Mateo, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense. En principio, el Partido Popular se mostró reacio a esta iniciativa, pero la insistencia de Antonio Basagoiti puso la cuestión encima de la mesa. Alberto PRADILLA

Ayudas a los «amenazados» que quieran volver a la CAV

La directora de Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa, presentó ayer en el Parlamento una proposición de ley con ayudas para las personas que quieran retornar a Araba, Bizkaia o Gipuzkoa después de haberse marchado «por la amenaza o agresión terrorista» o «por el aislamiento y hasta el hostigamiento social». Las ayudas se equiparan a las que reciben las «víctimas del terrorismo» en materia de adquisición de vivienda, formación y empleo y educación, con la salvedad de que no se les exigirá el requisito de empadronamiento. La forma elegida por Lakua es la de la proposición de ley firmada por grupos parlamentarios y se entiende como una reforma de la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo.

Una de las cuestiones determinantes a la hora de abordar este problema es la de definir con criterios objetivos qué personas pueden ser beneficiarias de estas ayudas. Sin embargo, el texto que propone Lakua no aborda este punto, limitándose a decir que el reconocimiento de «la condición de beneficiario» queda en manos del «informe vinculante» del «órgano competente», que en este caso es la propia Dirección de Víctimas del Terrorismo. Es decir, será el órgano que dirige Maixabel Lasa el que, con un criterio «flexible», decidirá quién tiene la condición de «exiliado por ETA».

Además de las ayudas materiales, la propuesta del Gobierno de Lakua incluye «el restablecimiento de nexos de unión» con quienes no quieran volver, a fin de «impulsar su participación en la definición de las políticas públicas de Memoria», en el desarrollo de programas educativos y «en los actos de reparación simbólica que organicen las instituciones vascas, especialmente los ayuntamientos de los municipios en los que residieron». I.I.


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